«El Ministerio de Economía y el Banco de España tienen la obligación y los medios para suprimir la demanda especulativa: la demanda de viviendas que no es para vivir en ellas, sino para hacer negocios, para lavar dinero o como depósito de valor. Esto explica el elevado número de viviendas vacías que tenemos en nuestro país. Todas y todos sabemos lo que hay que hacer para terminar con esta crisis de acceso a la vivienda: suprimir los apartamentos turísticos en zonas tensionadas, prohibir comprar viviendas a empresas o a personas que no vayan a vivir en ellas al menos cinco años, movilizar la vivienda vacía, construir viviendas a través de promotoras públicas allí donde la movilización de vivienda vacía no sea suficiente, crear un gran parque público de viviendas de alquiler asequible no descalificables, acabar con la concentración de viviendas en pocas manos y congelar y topar los alquileres para que vuelvan a estar en consonancia con los salarios que se cobran en este país. (Aplausos). La proposición de ley que traen hoy aquí el Grupo Popular, el Grupo Socialista y Coalición Canaria se mueve, sin embargo, en la dirección opuesta a solucionar la crisis de vivienda. Es otro impulso a la especulación en Canarias por parte del lobby inmobiliario que tiene capturado al bipartidismo desde hace décadas. Esta ley recortará el 90 % de los impuestos a los fondos, empresas y particulares que pongan viviendas en arrendamiento, pero sin obligarlos a topar los alquileres o a vincularlos a los ingresos de los inquilinos, a las situaciones de vulnerabilidad o al registro de demandantes de viviendas. El resultado será el absurdo de que alquileres abusivos recibirán, gracias a esta ley, un premio fiscal en forma de rebaja de impuestos. Además, la obligación de alquilar para beneficiarse de esta rebaja se limita tan solo a cinco años, pudiendo después venderse la vivienda a un precio especulativo. Este recorte fiscal supondrá menos ingresos públicos para sanidad, educación o vivienda pública y, a cambio, ni siquiera se asegura un alquiler asequible y permanente ni que las viviendas se localicen en zonas con necesidad habitacional; es una transferencia encubierta de recursos públicos a la inversión inmobiliaria privada. El diseño de esta ley es un dislate que no servirá para solucionar el problema de las más de 30 000 personas que están demandando una vivienda pública en Canarias, y por eso no la vamos a apoyar.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.