«Vamos a recordar las bondades de las enmiendas que presentó VOX y que no fueron incluidas en la tramitación en el Congreso. En primer lugar, la redacción que tiene este incentivo fiscal no ayuda en absoluto a la seguridad jurídica de cualquier inversor. Para que tengan un dato, la nueva disposición, que consta de once puntos, está redactada de una manera muy confusa y matiza el alcance temporal y objetivo de la inversión de la vivienda, que exige que tiene que ponerse a disposición en seis meses. De tal manera, si quien ha realizado la inversión, por motivos coyunturales de mercado, no pudiese alquilar el bien a los seis meses, no solo tendrá que devolver la cuota dejada de ingresar y los intereses de demora -que eso yo creo que a todo el mundo le parecería razonable-, sino que, además, con la redacción actual de la norma, está expuesto a una sanción que podría llegar al 150 % de la cuota bonificada en el impuesto sobre sociedades. Es un absoluto disparate que, por lo tanto, desincentiva la inversión. Además, la preferencia sobre la vivienda protegida va en detrimento de la construcción y rehabilitación de vivienda libre. Es una política fiscal errónea, desde nuestro punto de vista, si lo que realmente se pretende es ampliar la oferta de vivienda.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.