«Hay que recordar también que aprobamos recursos directos por importe de casi 30 000 millones de euros para hacer frente al COVID y que han supuesto también la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación que han tenido nunca anteriormente las comunidades autónomas. Hay que recordar igualmente la puesta a disposición de 7000 millones de euros de ayudas directas a la empresa, que también se pusieron a disposición, como digo, de las entidades territoriales, o la corrección del perjuicio que ocasionó el Gobierno del Partido Popular con la implantación del sistema de información del IVA, que causó un agujero -lo causó el Gobierno del Partido Popular y en concreto el ministro Montoro- de 3000 millones de euros que este Gobierno transfirió a las comunidades autónomas, quitándoselo, por tanto, de la parte que le correspondía al Estado. Yo creo, señorías, que con estas medidas dejamos muy claro que unos nos comportamos de una manera y el Partido Popular, cuando gobierna, se comporta de otra. De hecho, ya sabemos que cuando el Partido Popular tiene que elegir entre los intereses generales o los intereses particulares siempre, siempre elige los intereses particulares contra los intereses generales del conjunto del país. (Aplausos). Lo hicieron cuando votaron en contra de este mismo decreto ley con otras medidas que actualizaban las entregas a cuenta y durante estos días hemos sabido que también lo hicieron desde el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta es la verdadera cara de la política fiscal del Partido Popular. Al mismo tiempo que ponían en marcha la mayor subida de impuestos a los trabajadores en la historia de nuestro país, recortaron el gasto en sanidad, en educación y en dependencia y rebajaron los impuestos a las grandes empresas, como digo, a cambio de comisiones ligadas a una consultora privada relacionada con el ministro Cristóbal Montoro. Un ejemplo perfecto de esa concepción patrimonialista que tiene el Partido Popular del Estado, según la cual, cuando practican la corrupción, lo hacen de forma sistémica, es decir, capilarizando las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio. Por eso, señorías, hay un antes y un después con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque durante la etapa anterior lo que recibían las comunidades eran préstamos. Esto suponía un sobreendeudamiento, que precisamente tratamos de corregir en este momento con propuestas en las que -espero que pronto entren en esta Cámara- el Estado asume parte de la deuda que las comunidades autónomas contrajeron con motivo de las menores transferencias que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo llegar al conjunto de las comunidades y de las entidades territoriales. Además, el real decreto ley también incluye la actualización de las entregas a cuenta a entidades locales, una medida -lo saben sus señorías- ampliamente demandada por todas las corporaciones locales con independencia de su color político. De esta forma, las entidades locales recibirán 28 734 millones de euros, lo que supone una cifra récord. De hecho, en los siete años de Gobierno progresista, los ayuntamientos han recibido un 32 % más de financiación que en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy. Esto supone 40 000 millones de euros más destinados a las políticas que desarrollan las Administraciones más cercanas a los ciudadanos.»

Fragmento 5 de 9 de esta intervención.