«Y llegamos al real decreto, que responde -yo creo que en gran medida- a los fallos detectados. Me gustaría destacar que refuerza la gobernanza pública del sistema; que impulsa el control público de los datos; que mejora la regulación de la tensión, incorporando las renovables a ese fin; que exige responsabilidad única a las redes de evacuación; que impulsa el almacenamiento y la flexibilidad para que sean más protagonistas en el futuro, y que impulsa el autoconsumo, pieza clave para democratizar el sistema eléctrico. En definitiva, estoy convencido de que es un buen decreto. Ahora bien, también me gustaría expresar dos cuestiones en las que discrepamos del Partido Socialista. Es verdad que este decreto no las aborda de forma directa ni tímidamente, pero son dos elementos que quería compartir. En primer lugar, creo que seguimos atrapados en la liberalización del sector eléctrico, una privatización que ha demostrado una vez más, como ya ocurrió durante la crisis de precios de 2021 a 2023 y como ocurre cada día para millones de personas que sufren pobreza energética, que no es capaz de garantizar un servicio universal ni ofrecer precios competitivos, algo que afecta de lleno al bienestar de la ciudadanía, a la economía del país y a la economía doméstica. Y, en segundo lugar, el despliegue de las renovables sigue bajo la lógica de la subasta: cuanto más rápido y barato, mejor, y creo que toca otro camino, el camino de hacerlo mejor, y hacerlo mejor significa que los proyectos renovables no deben generar conflicto, sino transformación real en los territorios y para ello es imprescindible la aceptación social.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.