«Gracias, presidenta. Señorías, intervengo hoy para solicitar la comparecencia del ministro de Justicia sobre una cuestión que afecta de lleno al corazón de nuestra democracia, es decir, a la independencia, la ejemplaridad y la credibilidad de nuestras instituciones. Me refiero a la insostenible situación del fiscal general del Estado, que continúa en el cargo pese a estar imputado en un procedimiento judicial, y al gravísimo hecho de que sea el propio Ejecutivo quien, en vez de pedir su dimisión, haya optado por respaldarle de manera explícita. La situación se ha agravado todavía más con la última resolución del Tribunal Supremo, en la que desestima el propio recurso presentado por el fiscal general del Estado, consolidando así su condición procesal de imputado. Señorías, no estamos hablando de rumores, no estamos hablando de elucubraciones; estamos ante una situación judicial que coloca al máximo responsable del Ministerio Fiscal en una posición insostenible en cualquier democracia. El hecho de tener al máximo responsable de la persecución de delitos investigado por la presunta comisión de un delito debería ser razón suficiente para su renuncia al cargo. Por tanto, la pregunta es clara y directa: ¿cómo puede el Gobierno seguir respaldando a un fiscal general imputado en lugar de estar pidiendo su dimisión inmediata? ¿Qué interés público defienden con ello? Porque si grave es la situación del fiscal general, más graves son aún los argumentos del Gobierno para defenderlo. Desde el presidente del Gobierno hasta sus ministros más destacados han tirado del mismo argumentario: mantener plena confianza en su fiscal general. Sí, porque el fiscal general es suyo y nadie se lo puede quitar, y menos aún la propia justicia. Está actuando cual matón de patio de colegio, un presidente que se aferra al fiscal como si este fuese un balón con el que los demás niños quieren jugar. Para él es suyo. Es cierto que es su balón de oxígeno, y la pregunta en estas circunstancias es qué servicios le ha prestado el fiscal general al presidente del Gobierno para que este le considere de su patrimonio. Quizás sea esto lo que se dirima en el próximo juicio al fiscal. Cuando este le dijo asustado a una subordinada que les iban a ganar el relato, ¿por boca de quién hablaba? ¿Quién le había impuesto como prioridad máxima defender un relato en vez de defender la legalidad?»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.