«Señorías, no se trata de una cuestión personal, esto va mucho más allá. Se trata de garantizar que el Ministerio Fiscal, que ejerce una función tan sensible como la defensa de la legalidad y del interés público, no esté presidido por alguien bajo sospecha judicial. Un fiscal general que debe acudir a declarar como investigado no puede al mismo tiempo dirigir con autoridad moral a quienes cada día actúan en los tribunales en defensa de la ley. Háganse la siguiente pregunta, señorías: ¿se atreverá un fiscal subordinado a incomodarle durante su interrogatorio en el juicio oral? ¿Buscará este fiscal en el juicio defender la legalidad vigente? Pero vayamos más allá, ¿podrá hacerlo cuando la propia Constitución establece que está sujeto al principio de dependencia jerárquica? ¿Qué autoridad tiene para exigir imparcialidad, rigor y transparencia a sus subordinados quien se encuentra en esa situación? ¿No reconoce el Gobierno -no reconocen sus señorías- el daño que hace al conjunto del Ministerio Fiscal que su máximo responsable esté imputado? ¿Merecen esto los fiscales que desempeñan sus funciones con profesionalidad? Y háganse la siguiente pregunta: ¿merecen esto los españoles? El apoyo expreso del presidente del Gobierno al señor García Ortiz erosiona el principio de neutralidad institucional, la separación de poderes y la confianza de los ciudadanos en la justicia. Es un apoyo contra el derecho, contra la lógica y contra la decencia pública que merece explicaciones a esta Cámara y al conjunto de la sociedad.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.