«La Fiscalía General del Estado desmiente las falsedades propagadas por el equipo de la señora Ayuso: que la Fiscalía le había propuesto al novio que reconozca sus delitos, una posibilidad que no existe en la ley española. Cualquier persona decente habría actuado defendiendo la verdad, como hizo el fiscal general del Estado. Pero el problema es que el Partido Popular utiliza su brigada jurisdiccional y mediática para atacar a los fiscales que persiguen los muchos delitos cometidos por sus militantes y amiguetes. El Tribunal Supremo, en un mundo judicial al revés, persigue al máximo responsable de perseguir los delitos porque se ha atrevido a perseguir a un delincuente cercano a quien manda en el Partido Popular. La fiscal del caso Montoro ha tenido que denunciar la pasividad de la UCO y de la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción para perseguir la venta de leyes tributarias y amnistías fiscales por la organización criminal creada por el ministro Montoro y otros ex altos cargos del Partido Popular a cambio de jugosas comisiones; eximían de impuestos y permitían delitos o fraudes fiscales a grandes empresas y a los más ricos.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.