«En primer lugar, señorías, estamos hablando de un sistema para el almacenamiento de escuchas relativas a procedimientos judiciales, un sistema que, por cierto, debe garantizar la absoluta confidencialidad de su contenido, en aras de proteger no tanto la seguridad del Estado, señor Hernando, que en ningún caso entra en juego en todo esto, como el debido proceso al que todos los individuos que habitamos este país tenemos derecho. Por tanto, primer desatino: confundir la seguridad del Estado con los derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, obvian ustedes el hecho de que aquí se ha seguido un procedimiento administrativo, el cual ha dado como resultado la selección de un proveedor que, según todos los expertos, ha estado en la vanguardia del desarrollo de la tecnología 5G sobre la que opera el sistema; un proveedor que presentó, tal y como hicieron otros proveedores, una oferta a concurso. Tras la consulta e intervención de varias instancias del Estado, incluidas entre ellas el Centro Criptológico Nacional -también este va a ser sospechoso ahora, señor Hernando-, esta oferta resultó ser la óptima, atendiendo no solo a requerimientos técnicos y de seguridad, sino al menor coste relativo respecto a las presentadas por otros dos proveedores -dos proveedores afincados en los Estados Unidos de América, por cierto-, Dell e IBM.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.