«Muchas gracias, señora presidenta. Sus señorías saben que la quita de deuda que pretende el Gobierno socialista a la Generalitat de Catalunya nada tiene que ver con razones económicas, solidarias o de justicia y mucho menos con aliviar a los ciudadanos catalanes. Hablamos de poder a cualquier precio, porque lo que el Gobierno busca no es una quita, es un pago para seguir gobernando. Dicen que es solidaridad, dicen que es progreso, pero es puro chantaje y puro expolio. Pero ¿quién paga esta quita? No la pagan quienes despilfarran y malgastan, la pagan los ciudadanos, trabajadores, autónomos, pensionistas, agricultores, jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Todos ellos, en Cataluña y en el resto de España, soportan impuestos asfixiantes y servicios mediocres no por culpa suya, sino por la mala gestión autonómica. Si hay un ejemplo que retrata este desastre es la Generalitat de Catalunya. Desde hace décadas, todos sus Gobiernos han practicado un despilfarro sistemático y una nefasta gestión con la complicidad del bipartidismo, que ha preferido ceder a sus caprichos siempre para mantenerse en el poder. Mientras los catalanes sufrimos la mayor presión fiscal de España y unos servicios cada vez peores, sus dirigentes han dedicado recursos a levantar un protoestado secesionista: embajadas, estructuras paralelas, propaganda y chiringuitos. La deuda inmensa que se pretende condonar no es fruto del azar, sino de la obsesión separatista financiada con dinero público. Y lo más grave, no es una excepción, es el síntoma del fallido Estado de las autonomías en su conjunto. Un sistema que multiplica administraciones, privilegios y desigualdades y que condena a los españoles, especialmente a los más humildes, a pagar más por recibir menos. España sufre un exceso descarado de descentralización que, evidentemente, solo genera despilfarro e ineficacia. Lo hemos visto en los incendios y en la dana, también en sanidad, en educación y en otros tantos servicios: falta de coordinación, protocolos inservibles o burocracias inútiles. Administraciones cruzándose reproches mientras la gente sufre con perplejidad. Y mientras tanto, las llamas avanzan, el agua arrasa, los enfermos esperan, incluso los alumnos sufren las consecuencias en educación. Este fallido Estado de las autonomías no ha sido ninguna solución para nada. Es el problema de un Estado que está colapsando. Y ante su ineficacia, ¿quién responde entonces cuando el Estado no funciona? El pueblo, siempre el pueblo. Una vez más, el pueblo salva al pueblo. Vecinos, agricultores, voluntarios y sanitarios hacen lo imposible para salvar lo máximo posible. Junto a ellos también militares, bomberos y forestales, descabezados todos ellos, sin apenas medios y jugándose la vida. Nuestro respeto a ellos, no a las administraciones enfrentadas, que son quienes están siempre en primera línea. Y el contraste es doloroso: somos capaces de movilizar recursos para rescatar trescientos inmigrantes a 500 kilómetros de España -bien-, pero incapaces de salvar a nuestros propios pueblos del fuego, movilizando -según las Administraciones- todos los recursos posibles. Porque los recursos se pierden en una maraña de ineficacia administrativa y los españoles más humildes y necesitados siempre son los últimos.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.