«Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición de ley para la defensa y garantía de aquellos principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho que han de imperar en el sistema educativo. Lo hacemos pensando siempre en la protección del más débil, de quien más lo necesita, de quien no debe verse discriminado ni limitado por fundamentalismos ideológicos conducentes al recorte de sus libertades y, por tanto, de sus potenciales capacidades. Por eso, en primer lugar defendemos la libertad; defendemos la libertad de todas las familias, que tienen el derecho constitucional a elegir la educación, el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, sea en un centro público, un centro concertado, un centro privado, un centro ordinario o un centro de educación especial. También, defendemos a las familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad, especialmente a estas familias. Entre ayer y hoy algo más de ocho millones de alumnos han comenzado sus clases; de todos ellos, cerca de 290 000 alumnos presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave. Es una cifra importante, señorías; aproximadamente el 15 % cursa educación especial específica, el resto está escolarizado en centros ordinarios. A la inmensa mayoría de las familias que ayer y hoy han acompañado a sus hijos al colegio les preocupa lo mismo: que su hijo reciba la mejor educación, que se encuentre bien, que tenga un entorno amigable; les preocupa haber acertado en la elección del centro si es la primera vez que acuden a él. Son los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, quienes sufren los desvelos ante las lógicas dudas de haber hecho la mejor elección. Si a esto se suma la existencia de algún tipo de discapacidad en el alumno, la inquietud se multiplica hasta el infinito, se lo puedo asegurar. Por eso, es deber de los poderes públicos facilitar el acierto en esta elección no mediante la imposición, sino asegurando la construcción de una oferta plural, diversa, al alcance de todas las familias, que se ajuste a lo que esperan todas y cada una de ellas de la educación de sus hijos. Por eso, señorías, no dejan de sorprendernos determinadas cuestiones presentes todavía en el ámbito legislativo. Señorías, ¿cómo es posible tolerar una ley que solo tiene en cuenta la opinión de las familias siempre que esta se ajuste a lo que dice la Administración? Te escucho, solamente si eliges el modelo educativo que yo te impongo; si no, te ignoro. Eso es lo que dice la ley. (Aplausos). ¿Cómo es posible, señorías, que una de las decisiones que más influirá en el presente y en el futuro de nuestros hijos la tenga que tomar el Estado y no la tomemos nosotros, los padres? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se estén usurpando nuestros derechos constitucionales, señorías?»

Fragmento 1 de 7 de esta intervención.