«Señorías, la tramitación, en su día, de los preceptos que esta proposición de ley pretende modificar no fue especialmente pacífica, ustedes lo saben. No lo es hoy día, a pesar de los enormes esfuerzos de la actual ministra por dejar adormecido cualquier tipo de debate que destape la incapacidad de este Gobierno para abordar esta cuestión; no lo fueron tampoco las deliberaciones del Tribunal Constitucional: cuatro votos particulares -cuatro, señorías- y dos ponencias diferentes. El Tribunal Constitucional en su sentencia fue claro: La inclusión requiere de la realización en los centros de los ajustes necesarios que garanticen a esos alumnos un entorno en el que se asegure que la relación con los demás será positiva y contribuirá a la integración de aquellos en la sociedad en la medida de lo posible. Fundamento jurídico 4. Voto particular a la sentencia: Atender la escolarización de estos alumnos no puede reducirse, como prevé el artículo 74.4, párrafo segundo, de la LOMLOE, a la posibilidad de reducir la relación numérica entre profesorado y alumnos, sino que implica una serie de medidas de todo tipo que pueden representar un alto coste económico. ¿Estamos dispuestos? ¿Está el Gobierno dispuesto a asumir esa realidad?»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.