«Señorías, esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración de la Cámara no pretende juzgar ni pretende imponer qué modelo deben elegir aquellas familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad, lo que sí pretende es que seamos capaces de garantizar los mismos derechos y las mismas oportunidades a esos alumnos desde las edades más tempranas, que no sea el Gobierno quien impulse un modelo en detrimento de otro o, peor, que no sea el Gobierno quien discrimine a algunos alumnos por el simple hecho de elegir el modelo de educación especial frente al ordinario. Y esa discriminación existe, señorías. Hablaba el artículo 24 de la convención de la formación de estos alumnos a lo largo de toda la vida. Difícilmente se podrá dar esa formación si limitamos su permanencia en los centros de educación especial hasta los 21 años. Algunas administraciones educativas lo han entendido y ya han optado por ampliar esa permanencia: Madrid, Galicia, Castilla y León, Valencia, Canarias... ¿Por qué no trasladar al proyecto de ley lo que ya es una realidad? ¿Por qué esos alumnos con necesidades educativas especiales que optan por la educación ordinaria, con todos los ajustes curriculares, pueden optar a la obtención del título de ESO y los alumnos que optan por la educación especial no pueden hacerlo, señorías? ¿No están siendo discriminados? ¿Por qué en muchos casos no pueden pasar de un certificado que acredita su escolaridad? ¿Por qué, por cierto, impedir que ese alumno, con una mayor flexibilidad, pueda alcanzar no solo competencias profesionales para el acceso al mercado laboral, sino también titular? ¿Saben por qué, señorías? Porque ustedes, señorías del grupo que sostiene al Gobierno, siguen teniendo un concepto asistencial de la educación especial, se niegan a reconocer su carácter educativo con todo lo que ello implica.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.