«Se ha presentado a la Cámara el proyecto de ley que modifica el texto refundido de la ley general de atención a las personas con discapacidad. Pronto debatiremos sobre esto, pero hasta que llegue ese momento vamos a trabajar en esta proposición de ley que modifica tan solo una medida para que la convención y la Constitución lleven a efecto esa obligación, y para ello queremos pasar de una sanción grave, como está tipificada en estos momentos, a sanción muy grave para que, al menos en este sentido, se fuerce a esa obligación de contratación. Hasta que llegue esa situación, es necesario que trabajemos en ello porque creo que cuando como empresa tienes acceso a contratación pública o a ayudas públicas, si no cumples lo que la normativa nacional te pide, lo lógico es que no tengas acceso a esas ayudas. Por tanto, creemos que es necesario trabajar en esta línea. Somos conscientes de que solo con endurecer las sanciones no es suficiente. Hay que fomentar entornos inclusivos, hay que fomentar la cultura empresarial inclusiva, hay que fomentar la responsabilidad social corporativa. Para ello el libro blanco que surgió en este país es un estudio científico que marca la brújula a seguir. El libro blanco recoge que hay que visibilizar a las personas con discapacidad desde un prisma de validez y que hay que cambiar el modelo del marco regulador y adaptarlo a un marco regulador del siglo XXI. Yo creo que es de justicia reconocer que la Inspección de Trabajo hace un buen trabajo en la inspección, pero es necesario incentivar en mayor grado esa inspección para el cumplimiento de la norma. Creemos que se debe incidir en el plan estratégico 2025-2027 que tiene preparado el ministerio en esa exclusión de esas ayudas a las empresas que no cumplen con la norma.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.