«Moltes gràcies. ... es un paso hacia adelante y lo celebramos. En el Estado español, desde hace cuarenta años -cuarenta años-, las empresas de cincuenta o más trabajadores tienen la obligación de reservar como mínimo un 2 % del trabajo para personas con discapacidad. Es una medida correcta de discriminación positiva que reconoce la igualdad real, que solo se puede conseguir o no solo se consigue con buenas palabras, sino que tiene que hacerse con acciones y obligaciones concretas. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Y por eso creo que, como siempre, pecan ustedes en el Gobierno de poca ambición. El resultado -eso lo he vivido cuando yo era responsable sindical- es que más del 80 % de las empresas incumplen esta cuota -más del 80 % de las empresas incumplen esta cuota-. Y la consecuencia es dramática: decenas de miles de personas con discapacidad han sido excluidas de un trabajo que les correspondía legalmente. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta es doble. ¿Por qué solo el 80 % no cumple con esta ley? La respuesta, como decía, es doble. Primero, porque las sanciones hasta ahora eran ridículas -ridículas-: 750 y 7500 euros. Para una gran empresa, esto es lo que gasta en la máquina del café. Es que ya lo tienen contabilizado, es que ya está contabilizado este tipo de multa. Y no solo pasa con eso, también con otras cosas. Y segundo, porque muchas empresas han preferido pagar medidas alternativas o hacer donaciones simbólicas en lugar de contratar directamente, que es lo que tocaría. La cuota a menudo ha sido papel mojado, y por eso valoramos positivamente -y repito, valoramos positivamente- que la nueva proposición de ley -mejor que hubiera sido un real decreto ley o un proyecto de ley, pero bueno- endurezca esas sanciones y que el incumplimiento pase a ser una infracción grave; que, de ser una infracción grave, pase a ser a una infracción muy grave, porque es una infracción muy grave.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.