«Y, como decía antes, peca de poca ambición. Y nosotros quisiéramos ir un poco más allá en esta ley, pensando que no es suficiente, que hay que revisar al alza ese 2 %. En algunos países europeos están ya en el 6 %. Limitar de verdad el abuso de medidas alternativas. Abrir la puerta a las pymes, a las empresas de treinta, cuarenta o cuarenta y cinco trabajadores, que también pueden y tienen que contratar a personas con discapacidad; y no por buena voluntad, sino porque les toca. Garantizar que no se cumpla esa cuota con trabajos precarios, sino que sea un trabajo digno, estable y adaptado. Crear un registro público de empresas que cumplen, y también un registro público de las empresas que no cumplen con esa norma. La gente tiene que saber qué tipo de empresas son en las que compran. Y si una empresa es solidaria, pues debe tener el beneficio del consumidor. Porque cuando hablamos de inclusión, no hablamos solo de porcentajes; hablamos de personas, de dignidad. Y es importante lo que voy a decir. Cada persona, cuando una empresa incumple, cada persona, cuando una empresa incumple, es una persona que se queda sin ir a trabajar, que se queda sin trabajo, que no puede vivir dignamente, simplemente porque no se ha cumplido con la ley. Detrás de esas cifras hay personas, historias de vida. Y lo que queremos hacer hoy con esta proposición no de ley es que esto no ocurra.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.