«Buenas tardes, señorías. Todas las personas necesitamos apoyo y ayuda de forma estructural o de forma puntual; todas. En una sociedad democrática e inclusiva no se deja a nadie en los márgenes ni tampoco nadie llega solo a ningún lado. Nadie crece, estudia, trabaja, cuida, aprende o envejece sin redes y, por lo tanto, sin lo colectivo. Cuando hablamos de redes, pensamos habitualmente en amigos, en familia, en el barrio o hasta en el trabajo -hay quien piensa en herencias, por supuesto-, pero solemos olvidar a las Administraciones y a lo público: la escuela, sin ir más lejos, el urbanismo, los ayuntamientos o, por supuesto, el Estado. Nosotras defendemos que el Estado debe ser protector, con objetivos claros, a favor de la igualdad y de la erradicación de las discriminaciones y, por supuesto, de la desigualdad. Los principios de inclusión y de garantía de derechos que emanan de esta proposición de ley sin duda van en la línea de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que fue un antes y un después. La inclusión ya no es una opinión política, ni siquiera una opción, sino que es una obligación jurídica, y eso es un cambio muy importante, y lo es en todos los campos, evidentemente también en el del trabajo, que es uno de los más importantes. Sin trabajo no hay autonomía ni participación plena ni acceso a no pocos derechos, señorías. La inclusión laboral es un derecho y, por lo tanto, las políticas públicas deben garantizarlo.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.