«Esta propuesta de ley reafirma lo que ya está en nuestro ordenamiento: la cuota del 2 % en empresas de cincuenta trabajadores o más. Lo hace endureciendo sanciones por incumplimiento de la cuota y cerrando puertas traseras, lo cual es positivo. El cómputo debe ser real, en eso estamos completamente de acuerdo, y nos propone, por lo tanto, más herramientas para garantizar su cumplimiento. Las compartimos y además creemos -eso sí- que deben situarse en un enfoque amplio e integral, como lo hace la reforma de discapacidad y dependencia que aprobamos el 15 de julio en Consejo de Ministros. La inclusión no la vamos a garantizar -creo que esto lo sabemos todos y todas- solo con la sanción, sino que debemos generar las condiciones efectivas para que la inserción, la inclusión y también la igualdad sean una realidad; claridad en el régimen sancionador, severidad frente al abuso, seguridad jurídica y, además, transformación fundamental del modelo. El incumplimiento debe dejar de ser -además, creo que esto es fundamental porque nos hemos acostumbrado a ello- noticia, señorías; por ello, este Gobierno, y en concreto el Ministerio de Derechos Sociales, está impulsando una reforma legislativa integral en materia de discapacidad y de dependencia orientada a transformar el sistema actual, quizás más pensado en términos asistencialistas, para avanzar hacia un modelo centrado más bien en la persona, en sus derechos y en la autonomía, que es un concepto que vamos a escuchar mucho en los tiempos venideros.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.