«Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición de ley del Grupo Socialista -sabrán ustedes por qué no es un proyecto de ley- trata de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y hay que decirlo sin rodeos: no estamos ante una cuestión retórica, sino ante una necesidad social. Esta norma se presenta con apariencia de bondad, pero en realidad es un ejemplo de lo que tantas veces ocurre, especialmente con la izquierda: bajo el pretexto de hacer el bien, se promueven medidas que generan el efecto contrario. En primer lugar, no basta con sancionar, y mucho menos con sancionar más. La propuesta del Grupo Socialista refuerza la vía de las sanciones, endurece el papel de la Inspección de Trabajo y convierte a las empresas en sospechosas por defecto. Pero la realidad es muy distinta: según datos oficiales, de cada cien inspecciones, solo seis terminan en sanciones. La inmensa mayoría de las empresas cumplen. El problema no es la falta de sanciones, sino la falta de estímulos y apoyos reales. (Aplausos). Pensemos, por ejemplo, en la llamada brecha maternal. Todos sabemos que muchas mujeres embarazadas ocultan su estado en una entrevista de trabajo por miedo a no ser contratadas. ¿Eso se arregla con sanciones? No. Se arregla facilitando que la sustitución sea sencilla y asumible, que la madre tenga asegurado su regreso, y que contratarla sea una decisión natural, un incentivo, no un riesgo. Con la discapacidad ocurre lo mismo: castigar más no integra más; lo que integra es incentivar a la empresa y acompañar al trabajador de modo que esa contratación sea viable, sea estable y sea digna. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.