«Ahora bien, señorías, a nuestro modo de ver, endurecer sanciones no es la solución al problema de la baja empleabilidad. De hecho, si nos limitamos a subir las multas, corremos el riesgo de crear una cultura del miedo en las empresas, en lugar de incentivar la contratación, que es lo que entendemos que se pretende. El cumplimiento de la cuota del 2 % debe ser el suelo, nunca el techo. Necesitamos incentivos con medidas positivas que hagan ver a las empresas que la inclusión no es una carga, sino una oportunidad. Porque el 99 % de nuestras empresas son pequeñas y medianas, y a muchas de ellas, aunque no tienen la obligación de contratar personas con discapacidad porque no llegan a los cincuenta trabajadores, sí les gustaría poder sumarse a esta opción, pero carecen de medios para adaptar puestos o contratar perfiles específicos. Si la ley solo aprieta con sanciones, se convertirá en un muro para muchas empresas. Por eso, en el Grupo Popular consideramos que es fundamental llevar a cabo programas de apoyo técnico y financiero, asesoramiento para adaptar puestos y más ayudas directas. La inclusión no puede ser patrimonio de las grandes multinacionales, debe llegar también a la panadería del barrio, a la pyme tecnológica o a la empresa familiar.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.