«Señorías, seguramente, más allá de los matices que tengamos, estaremos de acuerdo en que en nuestro país la política de cuidados ha sido la gran ausente durante demasiado tiempo. La brecha del gasto en protección social en España respecto a la media europea, como saben ustedes, es de 1,85 puntos porcentuales. Como saben también, hemos sufrido históricamente una crisis de los cuidados en la que cuidar siempre era un asunto privado, invisible y al alcance tan solo de quien se lo pudiera permitir; un trabajo silencioso, asumido mayoritariamente por mujeres, que soportan -soportamos- dobles y triples jornadas laborales. Mientras tanto, es verdad que mirábamos para otro lado, como si esta tarea fuera a seguir solo sobre los hombros de las mujeres. Permítanme decir que hoy damos un paso adelante. Este Gobierno quiere hacer de los cuidados uno de los pilares del Estado del bienestar. Por eso la norma que discutimos hoy es tan importante, porque pone el cuidado en el centro de las políticas públicas, porque hace avanzar al país y, sobre todo, porque da nuevos derechos y da esperanza a la gente trabajadora, porque reconoce que cuidar es un derecho humano, es una necesidad básica y es universal, que el Estado tiene la obligación de garantizarlo y que, además, es económicamente positivo. Fíjense, según la OCDE, remunerar los permisos arroja beneficios adicionales mejorando la igualdad de género en el empleo -dice la OCDE-, mejorando el crecimiento económico, mejorando el desarrollo cognitivo y la salud de los menores y mejorando también la satisfacción laboral de los progenitores. Un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos ha determinado que por cada 1000 dólares invertidos en permisos de cuidados se genera un retorno económico y social de entre 7000 y 29 000 dólares, además ?señala este informe- de la creación de empleo de calidad, como saben ustedes, vinculado con la conciliación.»

Fragmento 5 de 15 de esta intervención.