«Este real decreto ley amplía los permisos parentales a través del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el permiso por nacimiento y cuidado, que, como se sabe, da lugar en este caso -y nos acompaña la ministra de Inclusión- a una prestación de Seguridad Social perfectamente engrasada y ensayada en el sistema de la Seguridad Social. Señorías, podíamos haber elegido otra formulación, como hemos elegido en otros permisos, y podíamos haberlo hecho a cargo de las empresas, pero hemos decidido que aquí el paso se diera adelante con la formulación de una prestación de la Seguridad Social, como quería la ciudadanía, y, además, sin recargar a las empresas de nuestro país. Es verdad que hemos tenido un debate sobre esta cuestión y lo hemos hecho -creo- en sentido positivo para nuestro país, sobre todo, para resolver cuestiones complejas y también para garantizar la efectividad del derecho a cuidar a los niños y niñas menores de 8 años en nuestro país. Como saben, en primer término, regulamos la suspensión del contrato de trabajo prevista en el apartado cuarto del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, que, como he señalado, reconoce una prestación pública de Seguridad Social que da cobertura completa a los ingresos, a las rentas salariales del trabajador y la trabajadora, insisto, eximiendo a la parte empresarial de sufragar ninguno de estos costes. Señorías, se trata también de algo importante. Conocen ustedes la directiva, y les voy a hablar de bases reguladoras. La directiva hablaba de un cumplimiento con un señalamiento en la base reguladora del 60 %. Pues bien, el Gobierno de España ha decidido que sea el 100 % de la base reguladora la que dé cobertura a esta prestación. Por tanto, hoy los trabajadores y las trabajadoras españolas que disfruten los permisos de nacimiento y cuidado van a ver garantizados todos y cada uno de sus derechos. (Aplausos). Esto es bien importante, porque tuvimos que hacer una elección. Si me permiten, lo que estamos haciendo es una aplicación del principio de solidaridad que refuerza el mandato constitucional en su artículo 1.1, cuando señala que España es un Estado social y de Derecho. Pero hoy, con esta materia, avanzamos en el Estado social en nuestro país y, sobre todo, garantizamos, insisto, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Esta dimensión supone una considerable inversión de recursos públicos. Su despliegue, tan solo este año, asciende a 1500 millones de euros, y, como saben, a lo largo de los años posteriores serán un mínimo de 1000 millones, a diferencia de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos recurrido a otras materias por no repercutir las políticas públicas en las empresas en nuestro país.»

Fragmento 8 de 15 de esta intervención.