«Este enfoque requiere la plena colaboración entre el Estado y las autonomías para garantizar la conectividad y la vertebración territorial, bajo el principio esencial de que ninguna persona pierda sus oportunidades de viaje. Así, se asegura que la conectividad de la ciudadanía esté plenamente garantizada, manteniendo y mejorando la oferta disponible. En cualquier caso -esto quiero dejarlo claro-, si las comunidades autónomas no aceptan esta segregación de servicios ni la gestión de los tráficos regionales, el Ministerio de Transportes prestará los servicios con el actual esquema de concesión estatal; de esta manera evitaremos que se produzca cualquier pérdida de conectividad u oportunidades de viaje para la ciudadanía, viva donde viva. En este sentido, el 23 de julio se remitió a las comunidades autónomas una carta, solicitándoles que se pronunciaran sobre si se iban a adherir o no al nuevo mapa concesional antes del 15 de septiembre. Si no se adhieren, el Estado seguirá prestando los servicios que deberían ser de competencia autonómica. Si no responden, se entenderá que no se adhieren y se incluirán todos los tráficos actuales en el mapa concesional estatal. Si responden de manera favorable y lo aceptan, lógicamente recibirán la financiación adicional que el Gobierno de España se ha comprometido a aportarles.»

Fragmento 9 de 10 de esta intervención.