«Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, no hay cortina de humo que tape la corrupción. La solidaridad con el pueblo palestino no es una cortina de humo, están siendo víctimas de un genocidio brutal que hay que detener, vista la pasividad de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una obligación política, ética y también jurídica, señor Tellado, que no está. Este grupo parlamentario no va a cesar de denunciar el genocidio hasta pararlo y continuaremos trabajando contra la corrupción, venga de donde venga, como se demuestra con esta proposición de ley. (Aplausos). Ojalá el Partido Popular deje de utilizar su rechazo y su criminalización de la solidaridad con Palestina como excusa para no denunciar lo que también para Naciones Unidas es el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que tampoco usan cortinas de humo para oponerse a tomar medidas contra la corrupción. Palestina libre, pero, sobre todo, Palestina viva. (Aplausos). Hay un amplio consenso en que la corrupción es un problema político y social muy grave. Se han contabilizado 3740 casos entre 2000 y 2020. El 85 % de ellos en el ámbito municipal; el 92 % de las ciudades de más de 100 000 habitantes han sufrido casos de corrupción. La mayor corrupción está concentrada en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Madrid; comunidades con mucha actividad inmobiliaria, externalización de servicios públicos y obra pública. El Partido Popular es el que más causas de corrupción tuvo en ese periodo, implicado en el 40,5 % de los procedimientos. Le sigue el Partido Socialista. Es evidente que el bipartidismo ha tenido militantes y cargos públicos implicados en el 78,5 % de las causas. En Cataluña, Convergència i Unió desapareció tras los escándalos del tres per cent. El emérito ha tenido que abandonar España por sus muchos casos de corrupción. Ninguna, ninguna fuerza política se ha librado de caer en el pozo inmoral de la corrupción, que seguirá existiendo hasta que llegue el hombre nuevo que reivindicaban desde Jesucristo hasta Lenin. (Aplausos). Hay partidos que padecen la corrupción de forma esporádica, los hay que toman medidas contundentes cuando ocurren y otros, en cambio, la padecen habitualmente y no hacen nada por eliminarla, incluso la ven normal, como decía el líder conservador colombiano Turbay Ayala, que sin complejos defendía reducir la corrupción a sus justas proporciones. El partido racista y fascista, VOX, tiene ya récords difíciles de superar, considerando el poco tiempo que hace que han llegado a las instituciones. Lo explica con detalle su exportavoz parlamentaria, la señora Olona. El juez Serrano, exportavoz de VOX en Andalucía, fraude millonario en subvenciones; el jefe de VOX en Granada, el señor Nogueras, condenado por delito continuado de estafa; el portavoz de VOX en Valencia, Badenas, amañando contratos; varias multas del Tribunal de Cuentas por financiación irregular del partido, desde Hungría hasta Irán, y siete millones de euros transferidos desde las cuentas de VOX a la opaca fundación manejada en exclusiva por el jefe Abascal, etcétera, etcétera, etcétera. No diferenciar el interés de la sociedad de los intereses particulares lleva a caer en las corruptelas ofrecidas por grupos económicos y empresas, que no olvidemos que son los corruptores en el cien por cien de los casos. No queremos la libertad de eliminar controles y transparencia en la contratación pública en beneficio de corruptos y corruptores. No puede ser que las sanciones por robar en un supermercado sean más graves que por saquear los recursos públicos. (Aplausos). Mientras continúen las prácticas ultraneoliberales de desregulación de la economía y de eliminación de control sobre el dinero público, ocurrirá que, en una pandemia, quien tenga contactos venderá las mascarillas a la sanidad pública multiplicando su precio por cien. Los que defraudan para no pagar impuestos también saquean lo recaudado con los impuestos pagados por la clase trabajadora. Mientras ocurra esto, habrá corrupción. Apropiarse de los recursos públicos para beneficio privado debilita y empobrece un país, dificulta la seguridad jurídica y, por tanto, el comercio y la actividad económica.»

Fragmento 1 de 6 de esta intervención.