«Quiero resaltar que nos encontramos entre los países con menos corrupción entre funcionarios, gracias a una carrera funcionarial ordenada y profesionalizada. La corrupción se manifiesta fundamentalmente a través de sobornos y alteraciones de contratos y concursos públicos. Nuestro gran problema son los corruptores, quienes utilizan dinero privado para engrasar a partidos, a políticos y a responsables corruptos de la Administración, saqueando los recursos públicos en provecho propio. Por eso, necesitamos medidas, más allá de la habitual visión represiva o ex post, medidas preventivas ex ante, concienciación y cumplimiento, control sobre las empresas que concurren a concursos públicos. Aprobar esta proposición de ley es una obligación urgente. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en junio del 2019, decidió no seguir aplicando su procedimiento de incumplimiento a España; incumplimiento que, según el anterior informe GRECO, que hacía énfasis en la trama Gürtel, seguía existiendo en 2018 con el Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy. Este mes de agosto se ha publicado el último informe del GRECO, que constata que España ha incrementado mejoras, concretamente dieciséis de diecinueve. El primer informe GRECO sobre deficiencia señaló siete recomendaciones no cumplidas y en el último se han reducido solo a tres respecto a las que nos solicitan reformas: los aforamientos, puertas giratorias, asesores y lobbies, la estrategia anticorrupción en la Policía Nacional y la lucha y prevención contra la corrupción en la Administración Pública. Y el informe GRECO saluda expresamente las medidas contenidas en el Plan de Acción por la Democracia que aprobamos en el año 2024 en el Consejo de Ministros, un plan que recoge demandas hechas por varias de las fuerzas parlamentarias de este Congreso.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.