«El 9 de julio pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. La medida 1 era la creación de una agencia independiente de integridad pública como órgano central de previsión, supervisión y persecución. Esta proposición de ley recoge los cuatro elementos necesarios para ello. En primer lugar, la creación de la oficina de prevención, investigación y erradicación de la corrupción en la Administración General del Estado y en su sector público instrumental. Entendida la corrupción como el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier conducta que conlleve conflicto de intereses o uso en beneficio privado de informaciones obtenidas en el ejercicio de funciones públicas; tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por este Congreso. Las funciones de la oficina serán crear, en primer lugar, un sistema preventivo de alertas tempranas en la Administración General del Estado y su sector público instrumental; en segundo lugar, una estrategia integral de prevención de la corrupción, de impulso de la integridad, de investigación de la corrupción y de mejoras integrales en la Administración estatal. También promoverá la elaboración de planes de prevención en todas las Administraciones sujetas a la aplicación de esta ley. Deberá tener capacidad de investigación y de inspección para el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de fraude, de corrupción o conflictos de intereses; también una capacidad de investigación sobre todas las Administraciones públicas de la Administración General del Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre empresas o entidades privadas que reciben subvenciones del Estado, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, es decir, lo que nos está exigiendo el GRECO. Las Administraciones y las empresas que contraten con la Administración también deberán tener sistemas internos y estrategias de prevención de la corrupción, y en caso de incumplimiento se prevén multas de hasta un millón de euros.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.