«Tenemos que luchar para defender las instituciones y el sector público, la integridad del Gobierno, la Administración General, el Tribunal de Cuentas, donde el descontrol económico y el enchufismo familiar son inauditos, el Defensor del Pueblo, las Fuerzas Armadas... Todo el sector público, personas físicas y jurídicas que reciben ayudas, concesiones y contratos públicos, pero también -y la propuesta no dice nada- contra la corrupción de la Corona o del Poder Judicial, aunque sabemos que hay pocas ganas por parte de la cúpula judicial de someterse a cualquier tipo de control democrático, tanto por las corruptelas de toda la vida -ayudas económicas, colocaciones, etcétera, muy propias del corporativismo extremo- como por el uso político de estas instituciones, como por ejemplo la prevaricación flagrante del Tribunal Supremo en el ejercicio de sus funciones con finalidades políticas, como vemos en la negativa de aplicar la amnistía. Pero lo que no es de recibo es la creación del nuevo órgano, que parece más una ocurrencia de última hora que el resultado de una voluntad real de encontrar soluciones al problema de la corrupción.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.