«Pese a todo lo que hemos logrado avanzar en los últimos años, las relaciones laborales en España arrastran todavía tres problemas estructurales: uno del que hemos hablado mucho, las jornadas laborales excesivas, que nos roban la vida, del que volveremos a hablar; dos, los miles de horas extras no retribuidas ni cotizadas, un fraude al que vamos a poner fin más pronto que tarde; y tres, un modelo de despido barato, injusto y sin capacidad restaurativa ni disuasoria. Hoy traemos a esta Cámara una propuesta que precisamente se centra en este último problema. Señorías, en estos momentos, la indemnización por despido improcedente se calcula exclusivamente en función de los días por año trabajado, es decir, no tiene en cuenta la edad de la persona despedida, su formación ni el daño que le causa, ni tampoco las circunstancias que concurren o caracterizan a la empresa que despide. Esta rigidez en la regulación actual impide que el despido se adapte a la realidad de cada caso y, sobre todo, a una mayor justicia para todas las partes. Las personas de esta Cámara que lo hemos sufrido o que convivimos en nuestro día a día con gente trabajadora sabemos lo duro que es recuperarse económica y emocionalmente de un despido. Hablamos de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, heridas que a menudo persisten incluso después de haber encontrado un nuevo empleo. Por eso venimos a hablar de despido restaurativo, porque se trata de reparar lo económico, pero también lo vital, porque no es lo mismo perder el empleo con 30 años que con 52, cuando la reinserción laboral es más difícil; tampoco es lo mismo despedir siendo un pequeño comercio de barrio que una gran multinacional que genera y factura millones. Sin embargo, la ley no refleja estas diferencias y ello es necesario para un sistema equilibrado, justo y proporcional. El modelo actual ni repara ni protege y mucho menos disuade a quien despide sin causa.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.