«Estamos ante un comercio basado en reglas y los estándares europeos son los más altos del mundo. Somos una potencia agroalimentaria desde el punto de vista de la exportación - 77 000 millones de euros-, con un saldo favorable de 19 000 millones de euros -ayer lo recordaba en el Senado-. Evidentemente, tenemos un examen de lo que sale, pero también de lo que entra en nuestro país. Nada entra en nuestro país en materia agroalimentaria, ningún producto, sin ser sometido a un control riguroso, siguiendo estrictamente los reglamentos europeos: 100 % de la inspección documental y de la inspección de identidad y física, como determinan los reglamentos europeos, en función de los niveles de riesgo. Además de eso, está el blindaje adicional del certificado fitosanitario basado en las normas de 1987, al que usted hacía referencia, que es un problema a veces para las exportaciones canarias, pero ciertamente una garantía en las importaciones. En cuanto a los funcionarios de la Administración del Estado que tenemos dedicados a ello, que dependen orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y, funcionalmente, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le diré que se trata de sesenta y cinco puestos de inspector, repartidos entre Las Palmas y Tenerife, que llevan a cabo el cumplimiento de esta legislación, que es, ciertamente, muy estricta en todas las materias y que es muy importante para el desarrollo de nuestra agricultura y la protección de la actividad a la que usted hacía referencia.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.