«Nuestra labor ha sido clara: evitar un retroceso y blindar las competencias de Cataluña. Por eso, podemos decir que hemos conseguido limitar daños y forzar avances, como, por ejemplo, introducir una disposición en la que se establece claramente que esta ley no afecte a las competencias de las comunidades autónomas en lugares donde no tienen cualificación de interés general. Esta es una línea muy importante y celebramos que se haya respetado. Hemos conseguido que la Generalitat sea consultada de forma formal y en un plazo fijado en la tramitación de planes directores aeroportuarios, evitando así que estos se aprueben de espaldas al territorio. También hemos introducido términos concretos para la emisión de informes del ministerio en relación con los planes especiales urbanísticos y mecanismos para resolver discrepancias con criterios técnicos, pero no políticos. Se ha incorporado que AENA tendrá que consultar a la Generalitat antes de redactarlo. Esto es un primer paso, pero vamos a seguir exigiendo que las decisiones sobre tarifas e inversiones no se puedan adoptar de forma unilateral. A partir de ahora, las infraestructuras aeroportuarias de competencia autonómica podrán ser de inspección directa por parte de la Generalitat, mediante mecanismos de cooperación, un avance en clave de soberanía operativa también, y rompiendo la versión centralista del sistema aeroportuario, empezando a forzar al Estado a adoptar el régimen aduanero en la diversidad territorial. De esta manera, se permite que aeropuertos como el de Girona-Costa Brava, Reus, Sabadell, La Seu o Lleida puedan esperar a operar en régimen internacional si se cumplen las condiciones técnicas y de seguridad. También hemos defendido y logrado que las aeronaves abandonadas se pongan a disposición de las instituciones educativas o culturales con vínculos aeronáuticos; un uso social y pedagógico del patrimonio público de unos recursos pagados con fondos públicos que podrán revertir así en la educación pública también.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.