«Gracias, presidente. Señorías, esta es una proposición de ley orgánica que conlleva la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, mediante una disposición adicional, para que se blinde, a través del Tribunal Constitucional, la distribución competencial en los acuerdos tanto de la Comisión Mixta de Transferencias o de la Junta de Seguridad, prevista en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como las dispuestas en los correspondientes estatutos de autonomía. Esta ley viene a decir que el Tribunal Constitucional entraría a dirimir, vía recurso o también como cuestión prejudicial, si es conforme o no el reparto competencial establecido en la Constitución, los estatutos y también en las leyes que delimitan las competencias y a acordar, en su caso, la anulación de la resolución judicial que se hubiese podido acordar. Es cierto que ahora mismo no está garantizado que la última instancia jurisdiccional sobre los conflictos de competencia sea el Tribunal Constitucional. Y esto supone que a los tribunales ordinarios y, en última instancia, al Tribunal Supremo se les está otorgando una jurisdicción que excede, efectivamente, de sus funciones y que, además, podría vulnerar la tutela judicial efectiva y, por ende, también contribuir a la indefensión de las Administraciones públicas autonómicas. Para entendernos, lo que propone esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco es que el Tribunal Constitucional sea la instancia definitiva en la resolución de los conflictos sobre competencias, evitando además las demoras en las resoluciones.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.