«Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario VOX va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Vamos a hacerlo por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque la proposición de ley pretende, precisamente, atribuir al Tribunal Constitucional el conocimiento de aquellos conflictos derivados de los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencia o de las juntas de seguridad en detrimento de la jurisdicción ordinaria, la contencioso-administrativa, que tiene en este momento atribuido el conocimiento de estas cuestiones. Dada la situación del Tribunal Constitucional en estos momentos, nos parece que existe un mayor margen de seguridad jurídica y de objetividad en la resolución de esos posibles conflictos atribuidos como hoy a la jurisdicción ordinaria y no a un órgano profundamente politizado. En segundo lugar, porque consideramos que con esta iniciativa se está tratando de reforzar la capacidad de litigiosidad política de las comunidades autónomas en los ámbitos antes referidos, que sin lugar a duda son singularmente importantes, teniendo en cuenta que la causa común de esa litigiosidad de las comunidades es siempre tratar de mermar al máximo la presencia del Estado en sus respectivos territorios. En tercer lugar, consideramos que con esta iniciativa lo que se está haciendo es reforzar una deriva del Tribunal Constitucional, una deriva política del Tribunal Constitucional, sometido hoy a la condición de ser puro avalista de los intereses del sanchismo y de las exigencias que le plantean en momentos muy singulares aquellas fuerzas separatistas que le sostienen. Por tanto, consideramos que esta iniciativa ni sirve al interés general de la nación ni tampoco perfecciona nuestro ordenamiento jurídico. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.