«Entendemos y compartimos la necesidad de garantizar el uso correcto de los recursos públicos, no puede ser de otra manera. La lucha contra el fraude es una obligación de todos, pero esto no puede traducirse en la creación de requisitos desproporcionados ni en el señalamiento generalizado de un colectivo determinado, como si su origen fuera un indicio de irregularidad. Escuchen esto bien: No hay lugar en un Estado de derecho para medidas que generen desigualdad en el acceso a los derechos sociales. (Aplausos). Y la normativa actual ya lo recoge en su artículo 30. Además, ¡ojo al dato!, si esta iniciativa prosperara en el marco de ley, se podría producir una colisión y faltaría seguridad jurídica, porque el nuevo artículo que ustedes proponen colisionaría con otro que ya está en la norma. ¿Les suena el concepto de antinomia jurídica? Pues ese concepto se daría. Y, como ya dijo la ministra -no voy a dar los datos, porque quienes me han precedido ya los han dado-, no cabe hablar de incumplimiento generalizado de la normativa vigente y pretender cambiar la norma por temas anecdóticos, ya que veintidós casos, créanme, es un número totalmente anecdótico y mirar a estas personas migrantes que cotizan y que con su trabajo sostienen los servicios públicos me parece que no es lo adecuado, y se lo digo desde un respeto absoluto.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.