«A nosotros nos gustaba mucho su primera propuesta, la de que fuera directamente a Galicia y a Catalunya y a donde tenga que ir, sin tener intermediarios de por medio. Porque yo creo que todos somos conscientes de que en cuanto se refiere a la política de vivienda, no hay nadie como el propio Gobierno autonómico o el ayuntamiento, o en el caso de Catalunya los consells comarcals, para saber en sus oficinas de vivienda local exactamente lo que se necesita: si es más para jóvenes, más para mayores, si tienen que ser plantas bajas porque se necesita accesibilidad o no; se va al detalle. Cuando hablamos de estas Administraciones tan cercanas, se va al detalle exactamente de lo que se necesita. ¿Y ahora, otra vez lo vamos a pasar a un ente estatal que de detalles nada, que lo ven todo al por mayor, que no van a hacer nada quirúrgico, que lo van a hacer todo así de una? Por eso nos gustaba tanto su propuesta inicial, en la que se pedía que se traspasara directamente a su comunidad autónoma. Porque en vivienda también es importante, como en otros muchos temas, la política del kilómetro cero, por todo lo que se estaba diciendo. No tiene sentido que aquel al que los vecinos y vecinas van a llamar a la puerta explicando sus dificultades, sobre todo sobre vivienda... el que lo va a tener que gestionar no tiene sentido que no sea también el titular de esos activos. No tiene sentido. Y, puestos a ceder, no entendemos aún por qué se pretende hacer esta derivada hacia esta entidad, que va a ser enorme y que, por lo tanto, como esos buques terribles de la Administración que cuesta mucho que se puedan mover y que puedan hacer el trabajo como lo tienen que hacer, van a ser pesados... problemas de contratación... que eso ya se ve.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.