«Me corrijo a mí misma en cuanto a si hay un dato económico negativo relativo a la migración, sí que lo hay, pero es precisamente el dinero que nos cuesta a todos los españoles la discriminación racista y xenófoba que muchos aún ejercen como forma de ver la vida. Según un informe realizado por catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, se estima que en España se pierden 17 000 millones de euros al año -un 1,3 % del PIB- por culpa de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera. La conclusión está a la vista: la discriminación y la precariedad laboral que esta conlleva resta riqueza y oportunidades a nuestro país. Sin los inmigrantes, España sería un país más pobre, más envejecido y con menos futuro. Por tanto, pretender convertir a los migrantes en chivos expiatorios no es sino una estrategia de quienes no se alegran del crecimiento de nuestro país, de los que ni se sienten orgullosos de nuestra cultura abierta, tolerante y en paz. Para aprovechar la oportunidad que supone la inmigración es necesaria la integración plena de las personas. Sin la inclusión social y laboral, se genera una dinámica perversa, donde se suceden problemas de convivencia entre la población que llega y la receptora. Para evitar que esto ocurra, el Gobierno de España está actuando. Una de las medidas más ambiciosas es el Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural; un plan que tiene como objetivo impulsar estrategias de integración en ámbitos como el laboral, el educativo y el social de las personas extranjeras que están viviendo entre nosotros. El plan es una hoja de ruta para garantizar la igualdad de oportunidades y el conjunto de derechos y obligaciones. Pero si hay algo de lo que podemos sentirnos orgullosos es el nuevo reglamento de la ley de extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Más que una reforma, es un nuevo texto normativo que supone los cimientos de toda nuestra gestión migratoria que, aunque a muchos les sorprendan, se basa en su mayoría en la migración regular, porque la enorme mayoría de las personas migrantes en este país usan las vías regulares y seguras que tenemos a su disposición. Para ello, se han simplificado trámites, se favorece la integración laboral, se mejoran las condiciones para estudiantes e investigadores que enriquecen nuestras universidades y se favorece los visados de búsqueda de empleo para cubrir demandas laborales no ocupadas. El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: la formación, el empleo y la familia. Son tres llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos. La nueva normativa representa una simbiosis ganadora entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención de las necesidades de España, como así está siendo. El ejemplo más fructífero fue la reforma de 2021, que permitió trabajar a los menores no acompañados de más de 16 años y a los jóvenes extutelados. Les doy un dato: el 62 % de estas personas están trabajando dados de alta en la Seguridad Social. Si analizamos la franja que va de los 18 a los 23 años, este porcentaje asciende al 71 %. Se trata de un aumento de 37 puntos desde el año 2021. Les recuerdo que estos chavales son los que ustedes, señorías del Grupo Popular y VOX, repudian y no quieren en sus comunidades. (Aplausos).»

Fragmento 6 de 13 de esta intervención.