«Necesitamos, pues, encontrar el equilibrio si queremos asegurar la cohesión social y la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La responsabilidad de los Gobiernos no consiste solo en atender dichas necesidades de manera sostenible, sino también en evitar los posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión, un riesgo alimentado, a veces, por la desinformación y las mentiras que aprovechan las ideologías radicales de distinto ámbito que quieren erosionar los valores del modelo europeo de paz, prosperidad y libertad; un radicalismo que va desde la xenofobia y el racismo hasta el terrorismo, fenómenos ante los cuales la democracia tiene que reaccionar y actuar sin complejos. En el Estado español el fenómeno migratorio es muy desigual y presenta realidades distintas, según cada comunidad. Uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades para atenderlo se han multiplicado es Cataluña. No es un fenómeno nuevo, porque Cataluña siempre ha sido un territorio de acogida y ha tenido la capacidad de integrarlo en la catalanidad ofreciéndoles un futuro mejor. A lo largo de las últimas décadas, Cataluña ha pasado de los seis a los ocho millones de habitantes. Actualmente, más del 18 % de la población catalana tiene nacionalidad extranjera; el 22,4 % de la población extranjera del Estado español está en Cataluña y, en los últimos años, el 25 % de las adquisiciones de nacionalidad del Estado se han dado en nuestra casa.»

Fragmento 9 de 12 de esta intervención.