«Hagamos un repaso de otros países europeos. En Grecia ya se ha actuado en este sentido con una nueva ley, con una moratoria de un año para barrios de Atenas que establecen condiciones mínimas de estabilidad, con multas de hasta 20 000 euros. Esto demuestra que hay más oferta de alquiler residencial y precios más estables. En Budapest los vecinos del centro histórico aprobaron que a partir de 2026 no habría pisos turísticos. Es la primera ciudad europea que adopta esta medida por iniciativa ciudadana. Londres, desde 2017, aplica un límite a los pisos turísticos, y a Airbnb la obliga a detener los anuncios que superan ese umbral. Se han reducido en más de un 80 % los pisos anunciados en un primer año. Así que se pueden hacer cosas, hay que tenerlo claro. La crisis de la vivienda es compleja, viene de décadas de malas políticas, de falta de inversión, incluso de vender el parque de vivienda pública. Sí, hay que intervenir el mercado de los pisos turísticos para que no esté todavía más engrasado con pisos ilegales en estas plataformas. Esta ley no lo resuelve todo, ya lo decía yo, pero es un paso más dentro de una estrategia que debería ser global y que debería tener un objetivo claro: conseguir que la vivienda vuelva a ser un derecho, como la educación o la salud, y no un bien de mercado. Hace meses que lo decimos: la vivienda no puede ser para hacerse ricos, ni la vivienda ni los negocios paralelos que se derivan de ella, como las grandes plataformas de alquileres. No pueden seguir siendo intocables, tienen que cumplir unas normas básicas, comprobar anuncios y garantizar que lo que se publique sea legal y, si no lo hacen, tendrán que pagar multas importantes.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.