«Las lenguas catalana, vasca o gallega no son ningún problema, son, evidentemente, una riqueza de nuestro país. Sin embargo, el uso político de esa riqueza de nuestro país para atacar a nuestra unidad sí es un grave problema de nuestro país. Posteriormente, el PSOE dio aún más fuerza a los independentistas, facilitando que no tuvieran que cumplir resoluciones judiciales y dejando que la alta inspección no interviniera jamás en ningún tema, ya fuera cuando los alumnos eran atacados en Cataluña por haber pedido a sus padres que recibieran clases en español o cuando eran directamente hijos de guardias civiles. En ese momento, la alta inspección debería haber intervenido y, sin embargo, el Partido Socialista se la ha cargado. (Aplausos). Los territorios no tienen derechos y no digamos ya derechos históricos. Son los ciudadanos los que tienen derechos y deberes y, en este caso, el derecho y el deber de recibir una educación en su lengua materna, que en una proporción abrumadora es el español. La entrega de las competencias de sanidad y educación a las comunidades autónomas ha sido una de las causas principales de que España sea hoy día un Estado roto, un Estado quebrado, en el que los derechos de los ciudadanos dependen del lugar en el que ese ciudadano resida. Un alumno de País Vasco o de Navarra tiene derecho a recibir para su educación hasta un 70 % más de fondos que los alumnos andaluces o extremeños. Eso es algo que en un Estado normal no se permitiría. Un alumno con necesidades especiales en Andalucía no va a tener el apoyo de un profesor sombra si sus padres no lo pueden pagar. Sin embargo, ese mismo alumno en Navarra y en el País Vasco sí va a recibir ese apoyo y va a ser pagado por todos los españoles. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.