«En materia de desarrollo económico, el acuerdo dice comprometerse a promover una prosperidad compartida y unas relaciones estrechas y constructivas entre las autoridades gibraltareñas y españolas, pero, a la hora de la verdad, lo que hace es priorizar la fluidez del tráfico económico sobre el abordaje de las asimetrías fiscales y la dependencia estructural, legitimando de ese modo el opaco sistema financiero de Gibraltar, que, con 33 000 habitantes, constituye el domicilio de más de 60 000 empresas que se benefician de generosísimas exenciones fiscales y llevan décadas socavando los intereses económicos de España, y especialmente los de Andalucía, y que solo un ingenuo pensará que van a aceptar tributar al mismo nivel que las españolas. Mientras la promesa de armonización fiscal que la declaración conjunta formula no se articule eficazmente en el texto del futuro acuerdo, Gibraltar subsistirá como el paraíso fiscal que es y España seguirá perdiendo ingentes recursos fiscales, mientras que el Campo de Gibraltar seguirá siendo su sufrido satélite económico. En materia de defensa, el acuerdo dice haber sido suscrito con el compromiso compartido con la seguridad europea. Una sola línea dedicada a esa cuestión, y lo cierto es que de momento este no afecta para nada a la autonomía operativa de las tropas británicas desplegadas en las instalaciones militares del Peñón, que seguirán conformando un centro operacional clave a través del cual el Reino Unido seguirá proyectando su poder en el Estrecho, punto por el que sigue pasando el 30 % del comercio marítimo mundial y que en las últimas décadas se ha convertido en un escenario de tensión creciente. Que en esta negociación España haya renunciado a cualquier influencia sobre un escenario clave para su seguridad y defensa representa una oportunidad perdida para afirmar su influencia regional y comprometer su seguridad nacional a largo plazo en una región especialmente volátil.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.