«El modelo de infraestructuras de nuestro país se basa en dos realidades. La primera, el centralismo. Por tanto, una prioridad de esta ley no solamente era el encaje territorial de las competencias, sino que se diseñase pensando en la complejidad territorial, en la insularidad, en la realidad, por ejemplo, de Aragón, que no tiene nada que ver con la de Madrid, Barcelona o Valencia. La otra, el turismo. Se ha dicho ya: hay grandes infraestructuras contaminantes y obsoletas que el Partido Socialista se empecina en querer ampliar. (Continúan los rumores). Señora presidenta, es un poco complicado... Una cuestión importante: no se equivoquen, no va a haber en esta legislatura ni ampliació del port de València ni ampliació del Prat. (Aplausos). Se pongan como se pongan, no la va a haber, así que calma. Cuando digo calma, creo que es importante que sepamos de quién es esta ley, porque esta ley no es ni del Ministerio de Transportes ni del Partido Socialista ni del Gobierno. ¿De quién es esta ley? En primer lugar, hemos trabajado este gran acuerdo con los movimientos sociales, el movimiento ecologista, los sindicatos, el Consejo de la Juventud, etcétera. (Muestra un documento.-Aplausos). En segundo lugar, se han presentado setecientas cincuenta enmiendas de todos los grupos parlamentarios para mejorar el texto. Por tanto, esta ley no solo es de unos, es de muchos. Pero no solo de estos, la ley también tiene en cuenta la realidad de las diferentes patronales, es decir, con la realidad del autobús, con la realidad del tren, con la realidad del mundo de la bicicleta, con la realidad del sector del taxi, pero, también, están de acuerdo los sindicatos.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.