«La proposición de ley la fundamentan sobre la base de una serie de apartados del artículo 149.1 de la Constitución española, que ciertamente atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad, también en materia de legislación laboral, de planificación general de la actividad económica, del régimen de la Seguridad Social, del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del estatutario de los trabajadores. Pero ustedes obvian deliberadamente que, en el fondo de la normativa propuesta, a lo que se afecta de forma directa es a las competencias básicas en materia de familia, pero es Cataluña quien tiene estas competencias y no el Estado. Y, para más inri, la propuesta del Grupo Popular, a pesar de hacer referencia a los efectos que la misma ley podría tener en materia laboral, de Seguridad Social o de régimen de las Administraciones públicas y de los trabajadores, es decir, en todas aquellas en las que el Estado tiene competencias y podría modificar tranquilamente la legislación, ustedes, respecto de esas, se limitan a hacer una declaración de voluntades vacía de contenido. Por contra, entran únicamente a definir y modificar aspectos básicos en materia de familia, o sea, de lo que en Cataluña tenemos la competencia exclusiva. Nada nuevo, es lo que ya han hecho unos y otros en tantas ocasiones, recurrir a los títulos de carácter horizontal para atribuir al Estado competencias que no tiene reconocidas y aprovechando cualquier ocasión para invadir y erosionar las competencias exclusivas de las autonomías, en nuestro caso, de Cataluña.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.