«Buenas tardes. Gracias, presidente. Como sabe muy bien el Grupo Socialista, especialmente los diecinueve diputados catalanes, la valoración del grado de discapacidad de las personas es competencia del Gobierno de la Generalitat. Se hace a través del Departamento de Derechos Sociales y de Inclusión y también de la Dirección General de la Autonomía Personal y de Discapacidad. Cualquier intervención del Estado en este ámbito, por lo tanto, supondría una invasión de competencias. Y, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, el nivel de confianza que tenemos en el Gobierno español en ese sentido es cero. Pero vamos a hablar con concreción de lo que proponen hoy, y para dar contexto hay que recordar que en Cataluña hay unas 20 000 personas adultas con cardiopatía congénita, según los datos del Hospital Clinic, y cada año nacen unos seiscientos bebés con esta condición, uno de cada cien. Entre el 25 y el 30 % son casos graves que requieren intervenciones quirúrgicas; por lo tanto, no es un tema menor, ni mucho menos. Por supuesto, consideramos que las personas con cardiopatías congénitas merecen poder ser reconocidas en su grado de discapacidad, que puede variar entre el 25 y el 75 % actualmente. Hoy, en Cataluña, esto ya se hace así. Se tiene en cuenta la sintomatología asociada de cada persona afectada y cuáles son sus limitaciones. Hay quien lleva, por ejemplo, un marcapasos y puede hacer vida normal, pero también hay quien está impedido y no puede hacer deporte, por ejemplo, como es el caso de muchas criaturas que han nacido con una cardiopatía congénita y que no pueden compartir una actividad de vida sana con sus amigos.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.