«Muchas gracias, señor presidente. Para comenzar, me gustaría dejar claro que en Podemos nos sumamos al parón de la huelga general por Palestina que tiene lugar hoy, porque no podemos permanecer impasibles ante un genocidio a tiempo real, con miles de víctimas, muchas de ellas niñas y niños, y ante la negación del derecho a existir para el pueblo palestino. Señor ministro, para empezar, quiero trasladarle la responsabilidad con la cual hago esta interpelación, pero también la preocupación que tenemos por el asunto que vamos a abordar en la mañana de hoy, ya que el tema que vamos a tratar no es específicamente un tema técnico o un tema jurídico, sino que lo principal es que afecta a la vida de miles de personas, que es un tema de justicia social. Hoy vamos a hablar de miles de trabajadoras y trabajadores públicos, ya sea de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales o de la justicia, que durante años, a veces incluso durante décadas, han sostenido servicios esenciales de este país a costa de su precariedad. Y ha sido así por el abuso de la temporalidad dentro de la propia Administración, a la cual se le debería presumir ser ejemplo de legalidad y estabilidad laboral. España, nuestro país, lleva más de veinticinco años -se dice pronto- incumpliendo la Directiva europea 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada; veinticinco años sin transponer el derecho europeo a una norma del derecho español, desde el año 1999. Esta directiva nos obliga a prevenir y a sancionar los abusos en la contratación temporal. Es decir, en nuestro país llevamos veinticinco años mirando hacia otro lado, mientras el abuso se convertía en la norma.»

Fragmento 1 de 6 de esta intervención.