«En el año 2021, tras el pronunciamiento de Europa, que nos exige resultados, se pone en marcha la Ley 20/2021. Es una ley que se presentó como una solución definitiva, pero la realidad es que no fue más que un parche ante una situación muy grave. Al final, es un parche que intenta evitar las sanciones. Es una ley que sí, se ocupa de las consecuencias, pero no aborda las causas. ¿Y qué ha pasado después de la aplicación de la Ley 20/2021? Que hoy la temporalidad en el empleo público sigue siendo altísima, más de un 32 %, y eso según los datos que nos han dado en enero de 2025; que más de 970 000 trabajadoras y trabajadores públicos son temporales, de los cuales 700 000 son trabajadores interinos o personal estatutario sanitario, y que, además, lejos de estabilizar, lo que ha ocurrido como consecuencia de la aplicación de esta ley es que se ha cesado a miles de trabajadores de una forma completamente injusta. Siguieron siendo víctimas del abuso y, además, prácticamente se les ha expulsado a coste cero, sin indemnización y sin ninguna alternativa. La Ley 20/2021 no ha reducido la precariedad, lo que ha hecho es simplemente redistribuir la injusticia, y lo más grave es que ha generado inseguridades jurídicas que, desde nuestro punto de vista, no tienen precedente. Cada Administración ha hecho su interpretación de la ley, los tribunales se han visto colapsados y, al final, los afectados siguen básicamente igual, en el limbo.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.