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29N · faltan 25 días

Isabel Rodríguez GarcíaPSOE

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

«Y, señorías, insistía en el esfuerzo inversor porque esta política, además de ser compleja, tener muchas aristas y responder a la necesidad de abordarse integralmente, es cara. Estamos haciendo casas, y es una política que necesita de muchos recursos. Por eso, esta apuesta por invertir más en políticas públicas de vivienda. Pero, a la hora de elaborar este plan, y sin juzgar el pasado, hemos hecho una revisión de los anteriores planes dados en democracia en nuestro país, y, simplemente para el conocimiento público, quiero mencionar que, efectivamente, desde que se aprobara la Constitución, entre el año 1981 y el año 2025, que acaba ahora con el último plan, se han impulsado diferentes planes a través del Ministerio de Vivienda, o donde estuviera encajada esta competencia cuando no ha existido el ministerio, el cual ha sido un instrumento de financiación de políticas de vivienda en el conjunto de España, con esa anomalía que compartía con ustedes acerca de que el 75 % provenía de la financiación del ministerio o de la Administración General del Estado y apenas un 25 % de las comunidades que habían recabado esa competencia de forma exclusiva. Desde el año 1981 hasta el año 2012 estas subvenciones permitieron la promoción de muchas viviendas, hasta 2,6 millones de viviendas protegidas, una media de 70 000 viviendas al año, con una inversión media de 4800 millones de euros. El éxito estuvo bien en volumen, pero tuvo algunos defectos, que están plenamente diagnosticados y creo que son compartidos en esta Cámara. El primero es que se priorizó la venta frente al alquiler, además se ignoró la rehabilitación y, sobre todo, se permitió la descalificación de estas viviendas, y esa pérdida masiva es la que explica que hoy España esté a la cola del parque público de viviendas. Tras el año 2013 y después de aquella crisis, los planes se corrigieron, y se enmendaron parte de aquellos errores, como la apuesta por el alquiler o la rehabilitación, pero el presupuesto fue raquítico, apenas 1300 millones para todo el plan, y, por tanto, el resultado fue la caída drástica en la construcción de nuevas viviendas públicas y protegidas.»

Fragmento 16 de 21 de esta intervención.

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