«Desde esta perspectiva, ministra, el plan que hoy se nos presenta tiene algunos avances interesantes, pero es insuficiente, en el sentido de que para nosotros carece de la audacia y de la urgencia que el momento necesita. No es lo que se hace en Viena, no es lo que se hace en Francia y no es lo que se hace en Ámsterdam ni en muchos otros sitios, donde se ha decidido hacer frente a ese capitalismo especulativo con coraje y con la vista puesta en una economía alternativa, menos rentista y más sostenible. Es un plan, sí, con una música diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar, con una música que llevábamos tiempo esperando, pero que resultará demasiado suave -me temo que imperceptible- para quienes no pueden esperar más porque su situación es desesperada. (Aplausos). Sin duda, es una buena noticia que por fin se eleve a nivel estatal una voluntad desprivatizadora del parque de vivienda, que muchos Gobiernos de izquierda o Gobiernos progresistas ya habían venido aplicando en estas últimas décadas, en Euskadi, en Cataluña, en Asturias, en Andalucía, en Navarra. Y le digo que también es especialmente importante para nosotros que desde ciudades como Barcelona, y gracias a la determinación de sus movimientos sociales, hayamos podido -en nuestro caso, con Ada Colau como alcaldesa- impulsar muchas de las medidas que el plan postula ahora. Lo hicimos afrontando, como le decía, sabotajes y querellas de ese partido inmobiliario financiero que finalmente fueron archivadas. Y esta parte del plan que suena bien, suena bien porque, sobre todo, va en contra de la dirección de las políticas bochornosas, de los pelotazos urbanísticos, de la liquidación del parque público practicada por los Gobiernos de Aznar, por los Gobiernos de Rajoy, las que defiende VOX, como acaban de decir ahora, y como lo siguen haciendo Ayuso, Moreno Bonilla y compañía. Estas políticas, efectivamente, son las grandes responsables, en buena medida, de que la escasa vivienda pública que ha tenido este país se privatice constantemente, pase a manos de fondos de inversión extranjeros y entre una y otra vez en la rueda de la especulación. Es cierto que, por razones competenciales, el plan prevé medidas de cofinanciación que obligarán a las comunidades autónomas que quieran recibir -digamos- ayudas a fondo perdido a proteger vivienda pública. Y es verdad también que hay alcaldes y dirigentes del Partido Popular que, cuando Feijóo o Ayuso no los ven, dicen que algunas de esas medidas están bien, pero el problema es qué pasará con los que no cumplan, como ha ocurrido hasta ahora. Y aquí, sinceramente, le digo que nosotros y nosotras creemos que no basta con incentivar a los que colaboren, sino que hay que censurar a quienes pretendan no actuar o sabotear las leyes de vivienda. De manera que si hay Gobiernos autonómicos que no quieren hacer políticas públicas, que el Estado busque vías directas de financiación con cooperativas, con fundaciones sociales o con quienes sí quieran contribuir a construir vivienda asequible. Y también nos hubiera gustado que se incorporaran con menos timidez instrumentos para recuperar vivienda vacía, abandonada, en desuso, o que se incorporaran algunas figuras de colaboración público-comunitaria, como las que nosotros utilizamos en Barcelona, para no depender siempre de los grandes promotores.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.