«Pretenden frenar la ley y, al hacerlo, se convierten, quieran o no, en cómplices de quienes ocultan su patrimonio al fisco en el entorno digital. Y no es casualidad, señorías, no lo es; es un patrón. Cada vez que este Parlamento aprueba una norma que refuerza el control público, VOX vota en contra o pide su devolución. Lo hizo con la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal, lo repitió con la trasposición de la DAC7 para obtener información de las plataformas digitales y ahora -qué casualidad- lo hace con la DAC8, que amplía la cooperación fiscal europea para identificar a los titulares de criptoactivos y medios de pago electrónicos. Pero es que, además, la tramitación de esta ley responde a una exigencia europea, pero también a una necesidad nacional. Traspone una directiva y actualiza tres normas fundamentales, la Ley General Tributaria, la del IRPF y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con un propósito común: reforzar la seguridad jurídica, modernizar la recaudación y mejorar la cooperación internacional frente al fraude.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.