«Primero, reforzar la seguridad jurídica. La ley fija plazos claros y precisos sin dar más poder a la Administración ni restar derechos a la ciudadanía, cumpliendo con lo establecido por el Tribunal Supremo, y establece un plazo para declarar la responsabilidad tributaria y otro para exigir el pago y así evitar litigios. Segundo. Vivimos en un mundo donde el dinero se mueve en segundos y los fraudes viajan a la velocidad de la luz. El proyecto de ley adapta la normativa para hacer frente a este entorno, garantizando la igualdad ante el fisco y una Hacienda preparada para el siglo XXI. Y tercero, transparencia y cooperación internacional. Se trata de que quien deba, pague, y quien cumpla no cargue con el peso de los que se esconden tras las pantallas o seudomonedas. (Aplausos). Por tanto, señor Figaredo, su enmienda no va contra el Gobierno, va contra la defensa y la seguridad de los españoles y de las españolas. Y con ello nos demuestran una vez más que son unos patriotas de escaparate, de esos que se envuelven en banderas mientras olvidan los principios e instituciones que dicen defender. Así que, señorías, no olviden de lo que estamos hablando, porque de lo que estamos hablando es de que Europa está construyendo un marco integral para la economía digital, donde el Reglamento MiCA regula los criptoactivos y habla de los inversores y el Reglamento DORA refuerza la ciberseguridad financiera. Y con la Directiva DAC8, que es la que trasponemos con esta ley, intentamos cerrar este triángulo desde la óptica fiscal.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.