«... las tienen presentadas en blanco o con fórmulas genéricas, sin declarar importes o incompletas. Esto es muy fácilmente comprobable en la web del Congreso. (Rumores.-Aplausos). Lo hacen así porque el incumplimiento de estas obligaciones no acarreaba sanción hasta ahora. Señorías, en derecho se dice que quien puede lo más puede lo menos. Si la derecha extrema y la extrema derecha se saben impunes para mentir, enfangar e insultar incluso aquí, en sede parlamentaria; si el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid se siente impune para levantar falso testimonio contra el fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo y el PP es capaz de decir que mentir no es ilegal (aplausos); si el PP, que ha sido condenado tres veces por corrupción como partícipe a título lucrativo, sigue ocultando cuánto paga y cómo paga a su comité de dirección, muchos de ellos diputados en esta Cámara; si VOX ha sido condenado y multado tres veces por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular y no le afecta en lo más mínimo; si pueden ustedes lo más, ¿cómo no van a poder lo menos? ¿Cómo no se van a sentir ustedes impunes por mentir en sus currículums, por declarar títulos que no tienen, por presentar declaraciones de bienes en blanco o por mantener opacas sus agendas? (Aplausos). Quizás a ustedes les parezca correcta esta ley del embudo, pero a la ciudadanía española le parece inaceptable, porque es inaceptable. El incumplimiento de esta obligación tiene que acarrear sanción. Y con todo, revisando esta propuesta de modificación del Reglamento que tanto incomoda a VOX, aparecen varios puntos que son todavía más trascendentales. Se trata de la creación de la huella legislativa, del registro para grupos de interés y de un código de conducta para los grupos de interés y de sus representantes, con su correspondiente capítulo de infracciones y de sanciones. Señorías, cualquier persona o cualquier colectivo puede tener interés en influir en la actividad legislativa y es, en general, legítimo y beneficioso escuchar a las personas con discapacidad, a los bomberos forestales, a las artistas o a las expertas en violencia de género. Todo ayuda a que la norma salga mejor. Es el principio básico de la participación, pero la participación debe ir unida a la transparencia porque, si no existe, puede suceder -caso hipotético- que un ministro de Hacienda y su círculo de confianza mantengan una consultora económica que actúe como grupo de interés opaco y que, previo cobro de jugosas comisiones, se asegure de que la legislación que se aprueba en el Congreso beneficie, ¿qué diría yo?, se me ocurre, a las grandes eléctricas, a las casas de apuestas o a las gasistas. (Aplausos). Beneficiar significaría, por ejemplo, que esas grandes empresas tuvieran ahorros fiscales de miles de millones de euros mientras los ciudadanos, los ayuntamientos y las Administraciones públicas se vieran ahogados por recortes salvajes y un austericidio forzado por ese mismo ministro. Señorías de VOX, tómense en serio la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. No tiene ningún sentido que los contactos con los lobbies y los parlamentarios no sean absolutamente transparentes y que, si se ocultan, esa conducta no tenga su sanción correspondiente. Porque quien oculta lo que tiene y con quién se reúne no defiende a España, se defiende a sí mismo.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.