«Combatir la corrupción es fundamental, es la base del deterioro de la democracia y de la legitimidad de los representantes. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones públicas no se comportan de forma equitativa cuando hay intereses grupales o individuales en conflicto, la democracia se desmorona, porque se basa en la igualdad de participación y en la primacía del interés general. Porque la corrupción no es solo, ni tan solo, constatar comportamientos delictivos. Y así lo dicen todos los informes internacionales, que ponen de manifiesto que en España se está deteriorando la percepción de la corrupción. Hay un aumento significativo en los últimos cinco años. Ocupamos el lugar decimosexto en la Unión Europea en percepción de la corrupción, y el Eurobarómetro Especial de la Corrupción dice que el 89 % de los españoles consideran que está extendida y, en el ámbito de las empresas, consideran que en el 53 % de las empresas es un problema para su actividad cuando en la Unión Europea es solo del 35. Insisto, la corrupción no es solo el delito, es usar un cargo público, -como dicen autores como Mendilow, o de los nuestros como Jiménez o Miralles- para subvertir las fronteras que separan el poder social y económico de la autoridad política con el fin de promover beneficios parciales, ya sean individuales, grupales o institucionales. (Aplausos). Desgraciadamente, estamos viendo muchas ocasiones en las que esos límites entre el poder social y económico y las autoridades políticas se subvierten. Hemos visto favorecimientos insoportables desde despachos del Congreso -caso Tito Berni-, algunos conocidos solo por las actuaciones del Poder Judicial, y los vemos en otras instancias y dependencias públicas, como incluso desde la propia Moncloa. Para evitarlo, los organismos internacionales especializados insisten en dos aspectos para regular la relación entre el poder político y los grupos de interés: la transparencia y la independencia del mecanismo de control del cumplimiento de las normas de comportamiento ético y de las obligaciones de los actores, tanto de los lobbies como del propio actor político. Los dos más recientes, el Informe sobre el Estado de Derecho de España, que se hizo público en julio de 2025, dice que, pese a los avances que se han hecho en relación con el tema que nos ocupa, la Oficina de Conflictos de Intereses sigue integrada en la estructura del Gobierno a efectos organizativos y presupuestarios, por lo que consideran que no se cumple la recomendación dada en su día sobre la regulación de los grupos de interés. O en la quinta ronda de evaluación de GRECO, que se hizo pública en junio de este año, se dice expresamente, y cito literal, que GRECO lamenta que las autoridades hayan optado por mantener la subordinación de la Oficina de Conflictos de Intereses al Ejecutivo, ya que permanece bajo la estructura jerárquica del ministerio y carece de su propio presupuesto. Por tanto, GRECO requiere mejores medidas dirigidas a garantizar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.