«Sin duda, el año 2020 fue un año de fuertes cambios, como ya se ha dicho. Entre otras muchas consecuencias, la pandemia global que padecimos aquel año supuso un salto cualitativo en el uso de herramientas electrónicas en muy distintos ámbitos, no solo en la esfera familiar o laboral. En realidad, difícilmente podemos toparnos hoy con alguna interacción humana que no se viera afectada entonces de un modo u otro por estas herramientas. De hecho, ya se tomaron decisiones en este sentido en aquel marzo fatídico del año 2020, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 11/2020, el cual, entre otras muchas medidas de excepción, habilitó la posibilidad para estas corporaciones de constituirse, celebrar sesiones y adoptar, además, acuerdos por vías telemáticas cuando -decía el texto- concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor. Como decía, el legislador no dudó entonces en convalidar estas medidas, a la vez que promovía reformas reglamentarias para adaptarse él mismo a estas situaciones. De hecho, se han producido sucesivos avances desde entonces, de modo que hoy el ejercicio del voto telemático está absolutamente extendido y normalizado entre nosotras y nosotros, diputadas y diputados de este Congreso, de acuerdo con unas reglas tasadas y objetivas. Por tanto, hacer extensiva esta posibilidad a otros muchos cargos electos a lo largo de todo el país es ahora una obligación moral urgente. Es nuestra urgente obligación como legisladores. Por ello, confío en que los debates y polémicas que puedan darse en torno a esta iniciativa se produzcan, en todo caso, a lo largo de su tramitación, ya que no se entendería que algún grupo se opusiese a ella.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.